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Como para que no los molesten más: Gobierno defendió “carácter reservado” de negociaciones del polémico TPP

Tras la campaña iniciada por la ONG Derechos Digitales, ¿SOPA en Chile?, en donde piden al gobierno a que se pronuncie públicamente sobre la propuesta norteamericana de propiedad intelectual en Internet, que se negocia “secretamente” dentro del bullado Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), publicó un comunicado en donde defendió el “carácter reservado” de las negociaciones.

En el documento, DIRECON es claro al decir que “todos los procesos negociadores en los que Chile ha participado y participa actualmente (negociaciones comerciales con Tailandia, Hong Kong, India y TPP) y en general toda negociación comercial que realizan dos o más países, son de carácter reservado, debido al normal proceso de evolución de posturas y propuestas de quienes participan, por lo que no se hacen públicos los textos negociados hasta que éstas llegan a su fin.”

Sin embargo, agregó la institución, “como ha sido tradicional, la DIRECON ha sostenido reuniones para informar y consultar con el sector privado y distintas organizaciones de la sociedad civil durante el proceso  de negociación del TPP,  acción que también se realizó con la ONG Derechos Digitales y otras asociaciones gremiales como la SOFOFA y ASILFA, a las que se les transmitió el estado de avance de las negociaciones.”

Como contamos anteriormente, El TPP es un acuerdo negociado secretamente entre economías de la región del Asia Pacífico -Chile, Perú, Brunei, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Malasia, Japón, Vietnam y Estados Unidos-. Este acuerdo contiene un capítulo dedicado a la propiedad intelectual, que fue filtrado por la ONG norteamericana Knowledge Ecology International. Derechos Digitales asegura que muchas de las partes de este capítulo se asemejan mucho a la repudiada ley SOPA; de ser aprobado el acuerdo, podrían traer como posibles consecuencias “la censura de sitios de Internet por eventuales infracciones a los derechos de autor, la eventual criminalización arbitraria de los usuarios de la red y el aumento de los plazos de protección del derecho de autor”, asegura Derechos Digitales.

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